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El gobierno presentó la Ley de Desarrollo Agrario, que revertía derechos ya legislados y reconocidos para las comunidades indígenas. Con este antecedente, las organizaciones sociales y populares anunciaron paralizaciones paulatinas desde el 13 de junio, y ante la negativa del gobierno de vetar la ley, se intensificaron las protestas. Dirigentes del movimiento indígena presentaron al gobierno el Mandato “Por la movilización por la vida”, donde se exigía principalmente la derogatoria de la ley agraria y la solución a los conflictos por tierra. Tras 10 días de levantamiento, el 23 de junio, el Tribunal de Garantías constitucionales emitió el fallo favorable a la petición indígena y declaró inconstitucional la Ley de Reforma Agraria.