Guapinol Resiste

Desde 2014, Guapinol (una comunidad de la municipalidad de Tocoa, Colón, Honduras) y sus alrededores han sido víctimas explotados por parte de la compañía minera Inversiones Los Pinares/Ecotek. Con el otorgamiento de explotación no metálicas ASP y ASP 2 obtenidas en 2014 por Inversiones Los Pinares, propiedad de Lenir Pérez y Ana Facussé, la compañía minera comenzó los trabajos de apertura de calle para la explotación de minerales en el sector conocido como Ceibita en Tocoa, Colón, provocando daños severos al río Guapinol, principal fuente de agua en la zona. Además de los daños ambientales, los representantes de la empresa hostigan a la ciudadanía que está liderando una lucha contra la explotación minera en el departamento.

Con prácticas sistemáticas de criminalización, persecución y agresión física violenta contra los habitantes que buscan defender el territorio en el que habitan y sus recursos naturales, los defensores y defensoras del medio ambiente de Guapinol constituyen un ejemplo del daño generalizado y la intimidación que sufren todas las personas que desafían a las industrias extractivas y los megaproyectos en Honduras.

En los habitantes de Tocoa, hablar de las mineras genera temor por la enorme presencia militar en la zona, y por la vinculación que existe entre la minería y los sectores corruptos y violentos del país. Sin embargo, a pesar del miedo, varias comunidades han salido a las calles, organizados protestas y creado un campamento por la defensa del lugar. Por eso, han sido criminalizadas por parte del Estado de Honduras en la omisión de sus obligaciones de acuerdo con la normativa y los estándares internacionales de derechos humanos.

29 de Junio 2009: El entonces presidente hondureño, Manuel Zelaya, fue sacado del país por la fuerza y llevado a Costa Rica. Fue el primer golpe de Estado del siglo XXI. El golpe de Estado fue promovido por un grupo de la oligarquía de ese país y rechazado por la comunidad internacional. Desde la remoción inconstitucional de Zelaya de su cargo, el pueblo de Honduras ha visto cómo se han incrementado los índices de violencia, desigualdad social y corrupción, aspectos que no han podido evitar los gobiernos posteriores. Tras el golpe, los sucesivos gobiernos en Honduras han profundizado las políticas neoliberales establecidas en la década de 1990 en el país. Elegido como liberal, Zelaya se había desplazado gradualmente hacia la izquierda, proponiendo, entre otras cosas, el control de la industria extractiva y la muy necesaria reforma agraria. En 2006, estableció por decreto presidencial una moratoria oficial de las concesiones mineras. Dos años después, comenzó a promover la redistribución de tierras a través del Decreto Ley 2008-18 que habría otorgado títulos de propiedad a los campesinos.

15 de Noviembre 2010: 5 campesinos masacrados por las guardias privadas del productor palmero y presidente de Corporación Dinant, Miguel Facussé Barjum.

2010-2014: Entre esos cuatro años, más de 150 campesinos fueron asesinados o «desaparecidos», y más detenidos, en un conflicto que enfrentó a los residentes del valle contra el ejército hondureño, la policía local y los guardias de seguridad privados fuertemente armados, a menudo trabajando en conjunto. El Aguán fue testigo de una forma de guerra de baja intensidad: hubo acusaciones de tortura; las aldeas fueron incendiadas; y más de 8,000 soldados fueron desplegados en el valle.

2013: Con la derogación del Decreto Legislativo 252-2013 se modifica la zona núcleo del Parque Nacional Carlos Escaleras. En el mismo año la nueva Ley General de Minería (Decreto Legislativo 238-2012) es aprobada en Honduras.

Abril 2013: La minería de EMCO presiona por una concesión minera en la región. Montaña Botaderos, ahora Parque Nacional Carlos Escaleras, con sus crestas dentadas oscuras que se ciernen sobre el Aguán, se encuentra en el corazón de la cuenca de la región, la fuente desde la cual docenas de ríos se derraman hacia el norte a través de fértiles mesetas agrícolas. al mar caribe.

16 de Diciembre 2013: En los últimos días del presidente Porfirio Lobo Sosa, representantes del Congreso hondureño liderados por un conservador, Ricardo Díaz, impulsaron medidas para cambiar el tamaño del Parque Nacional Carlos Escaleras, corta 217 hectáreas de la «zona núcleo» en la que está prohibida la actividad de construcción.

28 de enero de 2014: Con el tamaño de la tierra, las primeras concesiones mineras exploratorias se otorgaron a Inversiones Los Pinares: licencias de explotación no metálicas ASP y ASP 2. El conflicto en Guapinol fue iniciado por una concesión minera específica, ASP, la primera que se desarrolló cerca de esa comunidad. 

2015: Las comunidades empiezan a organizarse para frenar las 59 concesiones mineras que el gobierno ha otorgado a empresas privadas, sin consultar a la ciudadanía. 34 del total de las concesiones se ubican en Tocoa el área está amenazada con desaparecer porque su montaña está destinada para la minería, y su parte baja está plagada por el monocultivo de la palma africana. El Comité Municipal de Defensa de los Bienes Comunes y Públicos de Tocoa comienza su protesta contra la mina.

2016 - 2017: Se realizan consultas comunitarias a través de cabildos abiertos, protestas y otras acciones, sin obtener respuestas. En 2017 se entregan por escrito cinco solicitudes de cabildo abierto pero todas fueron ignoradas. A este antecedente se le sumó un “proceso de criminalización” por resistencia comunitaria, protestas, campamentos, huelgas de hambre, etc.

Diciembre 2017: Las elecciones presidenciales en Honduras quedaron marcadas por tres eventos: los detractores del presidente reelegido, Juan Orlando Hernández, lo acusaron de moldear las instituciones para mantenerse en el cargo, durante la noche electoral los resultados cambiaron de tendencia tras un apagón informativo y 33 manifestantes murieron en las protestas posteriores.

30 de Julio y 3 de Agosto 2018: La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) visitó Honduras. El objetivo de esta visita fue observar en terreno la situación de derechos humanos en el país. Desde 2010, Global Witness (2017) ha documentado más de 120 casos de activistas ambientales hondureños asesinados, lo que le ha permitido concluir que Honduras es “el país más mortal del mundo para el activismo ambiental”. En los años siguientes, poco ha cambiado. El Informe Mundial de Human Rights Watch de 2019 describe a Honduras como un lugar en el que existe un descontrol de los crímenes violentos.

Agosto 2018: Inversiones Los Pinares con el objetivo de la construcción de una hidroeléctrica dentro del territorio ancestral de la Comunidad de Guapinol ha comenzado a causar enfermedades mortales entre la población debido al alto grado de contaminación del agua. El agua que la población de Guapinol logra conseguir a través de los acueductos de agua, está tan contaminada que no puede servir para consumo humano o animal. 

1 de Agosto 2018: Viendo que sus quejas fueron desestimadas, en esta fecha los residentes de Guapinol y otras comunidades de Tocoa opuestas a la mina establecieron un campamento, ocupando el camino que conduce a la mina y bloqueando así el tránsito de la maquinaria pesada de la empresa minera. Llamado Campamento Guapinol en Defensa del Agua y la Vida, el bloqueo fue mantenido diariamente por unas 140 personas locales durante 88 días. El campamento se estableció para bloquear la carretera CA-13. Mientras el campamento estuvo en pie, los manifestantes se reunieron con una Comisión del gobierno para negociar, pero este proceso no cumplió con sus demandas.

27 de Octubre 2018: El campamento fue atacado y desmantelado con violencia, luego de que un juez hubiera ordenado el desalojo de los manifestantes. Unas 500 personas se reunieron ese día para resistir el desalojo. Un convoy de 1.200 fuerzas militares y policiales (incluyendo efectivos de la fuerza militarizada TIGRES) de todas partes del Departamento de Colón fueron movilizados a la zona. Hubo así un aproximado de 2,4 oficiales militares y policiales por cada manifestante. A pesar de los intentos de establecer un diálogo con el ejército y la policía, los manifestantes fueron finalmente desalojados con violencia. Según los testimonios de los participantes, el ejército y la policía utilizaron balas vivas y gases lacrimógenos mientras atacaban físicamente a los presentes. Muchos miembros del campamento resultaron heridos y uno murió.

28 de Octubre 2018: Los manifestantes intentaron establecer nuevamente el campamento y los miembros de COVIPERCE abrieron fuego contra ellos mientras la policía estaba a solo unos metros de distancia. Varias personas resultaron heridas y dos militares y un miembro de COVIPERCE fueron asesinados. En la tarde de ese mismo día, COVIPERCE incendió dos casas de una familia en Ceibita que se oponía a la mina. Existe gran confusión acerca de quién fue responsable de las muertes ocurridas. Finalmente, el ejército concluyó que fueron el resultado de la acción de “grupos criminales armados”.

Para entonces, las apuestas ya eran elevadas: El agua del río Guapinol se estaba llenando de sedimentos de un proyecto hidroeléctrico aguas arriba, parte de la creciente infraestructura para la próxima mina, haciendo imposible la perspectiva de usar el agua para beber, limpiar o para fines agrícolas.

Enero de 2019: La acusación a 31 personas supuestamente identificadas como la ‘Banda de Guapinol’ por los delitos de asociación ilícita, incendio agravado y privación injusta de la libertad.

4 de Marzo 2019: Cinco de los defensores de territorio, Juan Antonio López, Carlos Leonel George George, Reinaldo Domínguez Ramos, José Adalid Cedillo Mendoza y Marco Tulio Ramos recibieron el sobreseimiento definitivo.

Abril - Mayo 2019: El Comité Municipal en Defensa de los Bienes Comunes y Públicos de Tocoa y su cuerpo de abogados, presentó un recurso de amparo ante la Corte Suprema de Justicia (CSJ), para que declare inconstitucional la concesión minera otorgada a Empresa Los Pinares, y de esa manera acabar con el origen del conflicto, por estar dentro del perímetro del área protegida donde está ubicado el Parque Nacional Carlos Escaleras.

8-15 de Junio 2019: Una delegación interdisciplinaria e internacional de académicos/as y un periodista/ abogado visita el norte de Honduras con la misión de verificar información sobre violaciones de derechos humanos contra defensores ambientales que se oponen a los proyectos mineros de la empresa Inversiones Los Pinares (ILP) en el municipio de Tocoa, Colón. En estas fechas, fuerzas de seguridad de Honduras rocían con gas lacrimógeno a delegación internacional de derechos humanos.

3 de Julio 2019: En un comunicado de prensa, la CIDH señaló y condenó la violencia ejercida por fuerzas militares al disparar a estudiantes que protestaban en la Universidad Autónoma de Honduras en Tegucigalpa el 25 de junio de 2019.

Agosto 2019: La jueza Lisseth Vallencillo, dictó la prisión preventiva para 7 de los 8 defensores de los ríos Guapinol y San Pedro en Tocoa, Colón, acusados de privación injusta de libertad e incendio agravado, en perjuicio de la empresa minera Inversiones Los Pinares. Los defensores que cumplen un año en prisión son: Porfirio Sorto Cedillo, José Avelino Cedillo, Orbin Naún Hernández, Kevin Alejandro Romero, Arnold Javier Aleman, Ever Alexander Cedillo y Daniel Márquez.

Agosto - Septiembre 2019: Comité Municipal de Defensa de los Bienes Comunes y Públicos de Tocoa, que en agosto y septiembre de 2019, fue reconocido directamente por la Secretaría de Derechos Humanos de Honduras y el Consejo Nacional de Protección para las y los Defensores de Derechos Humanos como una organización que trabaja por la defensa de los derechos humanos. En Octubre de 2019, el Comité Municipal también recibió el premio Letelier- Moffitt de Derechos Humanos, otorgado por el Institute for Policy Studies de Washington, por su labor en defensa de los derechos humanos.

29 de Noviembre 2019: El cabildo se realizó bajo la demanda “Fuera Minas”, “Tocoa libre de minería”, “Fuera Adán”, haciendo referencia al actual alcalde municipal Adán Fúnez, denunciado por supuestos vínculos con la empresa Minera “Inversiones Los Pinares”. Las comunidades de Tocoa que se oponen públicamente a la explotación minera, acusan al alcalde de tener fuertes intereses económicos en las concesiones ASP 01 y ASP 02, así como en la fábrica peletizadora Ecotek, que construye el empresario minero Lenir Pérez en el Sector de Ceibita, para procesar la piedra con hierro que extraerá de la montaña. A pesar de que el resultado de esta consulta en forma de cabildo declaró a Tocoa libre de minería, el proceso no fue plenamente satisfactorio para muchos residentes de la comunidad por dos razones.

En primer lugar, sólo los participantes invitados a la mesa principal pudieron ofrecer sus opiniones, y en segundo, la decisión no es retroactiva por lo tanto no aplica a las licencias ya otorgadas a ILP. Esto último se consideró sujeto a decisión en el Congreso Nacional. Si bien la Consulta no es retroactiva, sus resultados se convierten en Ley municipal de acuerdo a lo establecido en el artículo 65 de la ley de municipalidades y dado que la municipalidad otorga anualmente el permiso de operación a la empresa minera, el resultado del cabildo de 2019, le impide a la corporación municipal otorgar la renovación del permiso de operación a la empresa a partir del 2020.

24 de Marzo 2020: El Área Legal del Comité de Familiares de Detenidos Desaparecidos en Honduras (COFADEH), un Grupo de Litigantes contra la Tortura y la Impunidad para América Latina y juristas de la Organización Mundial contra la Tortura (OMCT), interpusieron un Hábeas Corpus Correctivo, ante la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) con el fin de que el estado aplique medidas alternas, distintas a la prisión preventiva, a favor de varios ciudadanos considerados como “presos políticos”, para evitar que sean víctimas de contagio del coronavirus o Covid19. El recurso señala que el hacinamiento, las precarias condiciones de reclusión y la incapacidad de garantizar adecuadas condiciones de higiene son los motivos de nuestra preocupación por el colectivo de personas vulnerables representadas en este recurso.

25 Junio 2020: Nuevo Código Penal vigente en Honduras. Especialistas en materia de defensa a los derechos humanos mencionan que el nuevo Código Penal de Honduras representa un gran retroceso en materia de derechos humanos. 

13 de Agosto 2020: El Comisionado Nacional de los Derechos Humanos (CONADEH), instó a las autoridades a brindar seguridad democrática para garantizar respeto a los derechos humanos en la comunidad de Guapinol.

Se presenta un Recurso de Reposición contra la resolución de la Corte de Apelaciones de Francisco Morazán, que ratificó la prisión para ocho defensores de Guapinol que están presos. Con este recurso también se revoca el sobreseimiento definitivo (establecido en marzo 2019) contra seis de los defensores.

26 y 27 de Agosto 2020: El defensor ambiental Reynaldo Domínguez, coordinador del Comité Ambiental de la comunidad de Guapinol continúa siendo víctima de amenazas y tácticas de intimidación, a las que son expuestos a diario los defensores ambientales en Tocoa. Entre esos dos días, vehículos blancos de doble cabina rondaban la casa de habitación del defensor ambiental.

1 de Septiembre 2020: Porfirio Sorto Cedillo, José Abelino Cedillo, Kelvin Alejandro Romero, Arnold Javier Alemán, Ever Alexander Cedillo, Orbin Nahún Hernández y Daniel Márquez cumplieron un año de prisión en una cárcel de Honduras. Jeremías Martínez está tras las rejas desde diciembre de 2018. Los defensores permanecen en la Penitenciaría Nacional ‘Marco Aurelio Soto’.

En Tocoa, el servilismo del gobierno a los intereses de la empresa Los Pinares/Ecotek se evidencia al desplegar toda la maquinaria represiva y judicial del estado contra las comunidades que han denunciado férreamente las actividades ilegales y dañinas de la empresa y las irregularidades en el proceso de emisión de licencias mineras dentro de los límites del Parque Nacional Carlos Escaleras.